Atención, la vivienda

El Gobierno se juega en València la credibilidad de su política de vivienda pública

'In crescendo' la presión ciudadana contra el precio de los alquileres 

La fotografía que encabeza este artículo corresponde a los solares del antiguo Cuartel de Ingenieros, donde el Gobierno de España tiene prevista la primera actuación en la nueva política de vivienda que el presidente Pedro Sánchez anunció con mucha solemnidad en enero. Los terrenos en el barrio de La Raiosa, en València, fueron urbanizados antes de que Joan Ribó dejara de ser alcalde de la ciudad. Y son los que acogerán la promoción de viviendas de la empresa estatal cuya función es fomentar la oferta de pisos de alquiler asequible

La construcción de 438 viviendas en suelo propiedad de la Administración General del Estado, la primera de una serie que debe ejecutarse en diversas ciudades de España, todavía no ha arrancado, aunque estos días hay operarios de la empresa Elecnor trabajando en la zona. Además de una operación de regeneración urbana en ese punto de la calle de San Vicente, la más larga de València, el proyecto ha de ser el emblema de que “el quinto pilar del Estado del bienestar”, como definió Sánchez hace tres meses la política de vivienda, no se queda en una mera declaración retórica. El Gobierno, pues, en buena medida se juega en València la credibilidad de su política en esta materia.

Urge, así, cada vez más que los plazos de licitación y adjudicación den paso al comienzo de las obras porque el malestar ciudadano ante los imposibles precios de la vivienda va in crescendo, como ponen de manifiesto las encuestas y evidencian las manifestaciones convocadas en una veintena de urbes este fin de semana. La de València, con la confluencia hacia el centro de la ciudad de cuatro columnas de manifestantes, tiene el precedente de la que se celebró el 20 de octubre pasado y que ya registró una asistencia multitudinaria por el derecho a la vivienda y contra la turistificación. Señala la plataforma convocante que desde 2015 hasta ahora, el precio del alquiler ha subido un 115% en la capital valenciana y los precios de compra rozan los máximos alcanzados antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

También Alicante y Castellón son escenarios de manifestaciones en el mismo sentido, que no es otro que denunciar la mercantilización de lo que está definido constitucionalmente como un derecho. Bajo el lema “València no es ven”, los convocantes ponen el foco en el aumento de desahucios, la adquisición de edificios por parte de fondos buitre con fines especulativos o la expulsión de vecinos de los barrios por la presión creciente de los apartamentos turísticos.

“València está saturada, se está ahogando y necesita un cambio drástico y completo de visión y modelo de ciudad”, alegan los organizadores de la protesta. Pero el Ayuntamiento que preside la alcaldesa María José Catalá parece estar en otra onda, tan distinta que el infobarómetro municipal de marzo ha “olvidado” preguntar sobre la limitación del precio de los alquileres, a pesar de (o tal vez debido a) que en la anterior encuesta fue la medida más demandada por los ciudadanos.

La alcaldesa está más motivada por la okupación, que no figura precisamente entre las preocupaciones principales de los vecinos pero se ha convertido en un tópico del discurso de la derecha. Si la oposición propone -lo ha hecho estos días Compromís- crear una oficina municipal de la vivienda para articular políticas en este ámbito, Catalá y su equipo del PP y Vox dan prioridad a la creación de una oficina antiokupaciones. La primera edil se fue incluso a ver al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, para copiarle los protocolos. Como explicó Laura Martínez en su información, el PP valenciano alienta el miedo a la ocupación de vivienda tras pactar con Vox.

Porque en esa deriva van juntos el Ayuntamiento y el Consell, cuyo presidente, Carlos Mazón, se ha convertido a la demagogia de la extrema derecha a cambio de que le apruebe los presupuestos y lo sostenga en el cargo. Precisamente a preguntas del periodista de este diario Carlos Navarro Castelló, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero, descartó en una rueda de prensa tras el pleno del Consell la declaración de zonas tensionadas en la Comunitat Valenciana como herramienta para frenar de una forma rápida el imparable aumento de los alquileres y anunció, en cambio, una oficina autonómica contra las ocupaciones, a pesar de la nula incidencia que tiene este fenómeno, residual en lo que a viviendas de particulares se refiere.

Alegó la vicepresidenta Camarero que la política de las zonas tensionadas “no ha funcionado en Barcelona, ni en los países donde se ha puesto en marcha, en los que ha bajado el precio de las viviendas de más alto coste, pero no el resto”. En su opinión, si se da más seguridad jurídica a los propietarios, sacarán al mercado sus viviendas vacías. El Plan Vive de la Generalitat, según sus datos, ha puesto en licitación 1.600 viviendas. La política de vivienda del PP se centra en entregar suelo a los promotores y registra una caída del 21% en los presupuestos de la Generalitat Valenciana pendientes de aprobación para este año. Ocurre por la ausencia de fondos europeos debido a que son necesarios como requisitos para su obtención la construcción con criterios de eficiencia energética y que las promociones se destinen a alquiler asequible sin que ello implique la pérdida de patrimonio para la administración, es decir, sin ceder la propiedad de suelo público a los promotores.

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